Columna de Opinión; «Agua para Todos», por Manuel Guerrero

«Agua para Todos», es una línea editorial del Ingeniero en Acuicultura, con diplomado en Gestión Ambiental y ex Director Regional de la Dirección General de Aguas, Manuel Guerrero, que por 4 años ha estado publicando Columnas de Opinión basados en esta temática y que este año 2021 es un tema transversal y considerado como prioritario en el próximo trabajo constitucional.

«Agua para Todos (©)»:
“El Escenario Constituyente en épocas de inseguridad hídrica”

La institucionalidad que rige las aguas continentales, principalmente el Código de Aguas y su aplicación, han generado un problema que debe ser abordado en el proceso constituyente, como la especulación y el acaparamiento de derechos de aprovechamiento de aguas.

Recientemente, se ha anunciado por parte del Gobierno la creación de una Subsecretaria de Agua, con el objeto de coordinar las distintas instituciones que realizar acciones en torno al recurso y genere una institucionalidad que vele por el uso adecuado del vital elemento. Está por verse, si este anuncio abordara el problema de la especulación y el acaparamiento.

La constitución Política, en el Ar 19, inciso 24, reconoce “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;
Esto es, reconoce los derechos de aprovechamiento, que es una concesión a perpetuidad, como un derecho de extracción, ya sea consuntivo o no consuntivo, que es lo que se inscribe en el Conservador, es decir no se inscribe el agua, se inscribe el derecho de aprovechar una determinado caudal.

A este reconocimiento, le incorporaría lo siguiente: “siempre ejerciendo el uso y goce de esa propiedad; al no ejercerse sin causa pertinente, cabe su restitución al cauce”.

Es decir la nueva Constitución debe instruir la corrección de la especulación y el acaparamiento, mediante la moratoria sobre el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, permitiendo un proceso de regularización del agua y de los distintos usos, que permita el uso proactivo sustentable y comunitario del recurso hídrico.

Junto con ello, se debe reconocer en la nueva Constitución Política, al agua como un bien nacional de uso público, establecer el derecho humano al agua y el saneamiento, y reconocer también el uso consuetudinario que realizan los pueblos originarios, poniendo al agua como un pilar central de una constitución plurinacional.

Así se potencia la sustentabilidad de las fuentes de agua, otorgando a la protección del agua, una política de estado prioritaria.

Un elemento relevante, es eliminar del Código Civil el carácter de delito al extraer agua sin título, cuando se usa de manera consuetudinaria, para la sostenibilidad familiar y comunitaria.

La nueva constitución, también debe ser una herramienta para corregir la institucionalidad que gestiona las aguas, reconociendo el déficit hídrico y las inequidades de acceso al agua, por la que atraviesa una gran cantidad de personas en el país, como una emergencia y catástrofe nacional, facultando al Estado a realizar los ajustes que sean necesarios, incluyendo intervenir en la tramitación legal.

También debe ser una oportunidad para que de una vez por todas, eliminar la dotación de agua potable mediante camiones aljibes, situación que no se condice con los niveles de dignidad mínimos a que la ciudadanía tiene el justo derecho, lo que mediante la aplicación de tecnología e innovación, es perfectamente posible.

En el Sur de chile, hay mucha agua ociosa, esto es derechos de aprovechamiento de aguas que no se usan, otorgados, inscritos o no, a los que la nueva Constitución debe impugnar el abandono de deberes, al mantener un patrimonio ambiental sin ejercer el aprovechamiento para el cual fueron solicitados.

Por otra parte, seria propicio aplicar una moratoria sobre el Código de Aguas, limitando el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de Aguas, de tal forma de que el volumen de agua otorgada, y ociosa, sea gestionado proactivamente y se regularice la situación hídrica y se asegure el uso público y consuetudinario, como un derecho humano.

En este sentido, se dice que el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas estarían otorgados, pero es probable que esta agua ya no este, ya que el cambio climático y la disminución de precipitaciones, reforzado por la sabiduría de los antiguos, ha mermado los caudales en las distintas cuencas, por lo que toda esa agua, cuyos derechos reconoce la Constitución, necesariamente debe ser regularizada.

El proceso constituyente, ha generado un alto consenso al respecto, lo importante, es que este proceso que desencadenara en una nueva constitución política, nos permita como sociedad hacer un uso sustentable del agua y del sistema suelo agua vegetación, y se contribuya a que tanto las actuales y futuras generaciones tengan Agua para Todos (©).

Manuel Guerrero.